Ley federal de seguridad privada

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Hasta la década de 1980, el término vigilante se aplicaba más comúnmente a esta función, un uso que se remonta al menos a la Edad Media en Europa, donde no había ninguna forma de aplicación de la ley (aparte de ser un asunto privado). Este término se trasladó a Norteamérica, donde era intercambiable con el de vigilante nocturno (por ejemplo, guardia de seguridad) hasta que ambos términos fueron sustituidos por los títulos modernos basados en la seguridad. A veces se considera que los vigilantes de seguridad cumplen una función policial privada.

Muchas empresas de seguridad y departamentos de seguridad propios practican el método de “detectar, disuadir, observar y denunciar”. Los vigilantes de seguridad no están obligados a realizar detenciones, pero tienen la autoridad de realizar una detención ciudadana, o de actuar como agente de la ley, por ejemplo, a petición de un agente de policía o un sheriff.

La responsabilidad de un agente de seguridad privada es proteger a su cliente de una serie de peligros (normalmente en forma de actos delictivos). El personal de seguridad hace cumplir las normas de la empresa y puede actuar para proteger vidas y bienes, y a veces tiene la obligación contractual de realizar estas acciones. Además de la disuasión básica, los vigilantes de seguridad suelen estar capacitados para realizar tareas especializadas como la detención y el control (incluidas las esposas y las sujeciones), el manejo de equipos de emergencia, la prestación de primeros auxilios, la reanimación cardiopulmonar, la toma de notas precisas, la redacción de informes detallados y la realización de otras tareas requeridas por el cliente al que prestan servicio. Todos los vigilantes de seguridad también deben recibir una formación adicional exigida por el estado para poder llevar armas como porras, armas de fuego y espray de pimienta (por ejemplo, la Oficina de Servicios de Seguridad e Investigación de California exige que se lleve una licencia para cada uno de los artículos enumerados mientras se está de servicio)[2] Algunos vigilantes deben obtener una certificación policial para realizar tareas especiales.

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En virtud de la Ley Federal sobre la prestación de servicios de seguridad privada en el extranjero y de la ordenanza que la acompaña, las empresas que deseen prestar, desde Suiza, servicios de seguridad privada en el extranjero están sujetas a la obligación de declaración previa. La Sección de Servicios de Seguridad Privada de la Dirección de Asuntos Políticos del DFAE es responsable de la aplicación de la Ley Federal y publica informes anuales sobre dicha aplicación.

El objetivo de la Ley Federal de Servicios de Seguridad Privada en el Extranjero (LSPE) es salvaguardar la seguridad interior y exterior de Suiza, realizar los objetivos de la política exterior suiza, preservar la neutralidad suiza y garantizar el cumplimiento del derecho internacional, en particular de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.    La PSSA y la ordenanza que la acompaña entraron en vigor el 1 de septiembre de 2015.

La PSSA regula la prestación de servicios de seguridad privada, como la protección de personas y la custodia o vigilancia de bienes y propiedades en entornos complejos y los servicios de seguridad en eventos. Según la PSSA, los “servicios de seguridad privada” también abarcan los servicios para las fuerzas armadas y de seguridad extranjeras, las actividades de inteligencia y los servicios relacionados con personas detenidas o internadas. La PSSA también cubre los servicios relacionados con un servicio de seguridad privada, es decir, la contratación o formación de personal para servicios de seguridad privada en el extranjero y la provisión de personal, directamente o como intermediario, para una empresa que ofrece servicios de seguridad privada en el extranjero.

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Este artículo trata sobre el organismo legal en el Reino Unido. Para la asociación comercial en Estados Unidos, véase Security Industry Association. Para el antiguo organismo que representa a la industria de los valores financieros, véase Securities Industry Association.

La Security Industry Authority (SIA) es la organización legal responsable de regular la industria de la seguridad privada en el Reino Unido. Creada como organismo público no departamental en 2003, la SIA depende del Ministro del Interior en virtud de la Ley de la Industria de la Seguridad Privada de 2001.

Las dos funciones de la SIA son regular la concesión de licencias obligatorias a las personas que realizan actividades designadas en el sector de la seguridad privada y gestionar un Plan de Contratistas Aprobados voluntario, que mide a los proveedores de servicios de seguridad privada en función de criterios de evaluación establecidos de forma independiente.

Una de las principales funciones de la SIA es la autorización obligatoria de las personas que trabajan en sectores específicos de la industria de la seguridad privada. El hecho de que un individuo requiera o no una licencia se determina por: “la función que se desempeña” y “la actividad que se realiza”. Éstas se describen detalladamente en el artículo 3 y en el anexo 2 de la Ley del Sector de la Seguridad Privada de 2001 (modificada). Es un delito penal llevar a cabo una conducta autorizada sin licencia: si se le declara culpable, la pena máxima es de seis meses de prisión y/o una multa ilimitada

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Por lo general, los agentes de seguridad no tienen más autoridad para actuar que los ciudadanos privados, excepto cuando se les asigna un mandato en virtud de una ley local o se les otorgan poderes especiales. Los policías privados (ciudadanos) gozan de poderes de detención, que suelen ser similares en todos los estados.

Según el derecho común, todo ciudadano, al igual que el agente de la ley, tiene derecho a realizar una detención. Un ciudadano privado puede realizar una detención por un delito penal sin una orden judicial si la persona detenida ha cometido un delito grave en su presencia o si la persona detenida ha cometido un delito grave fuera de la presencia del ciudadano pero la persona que realiza la detención tiene motivos razonables para creer que se ha cometido un delito grave. El alcance del poder de detención de un ciudadano es similar al de un agente de la ley. Sin embargo, la detención ciudadana se realiza siempre por cuenta y riesgo del detenido. Es decir, si la detención resulta ser ilegal, el autor de la misma se expone a la responsabilidad penal o civil. Un agente de policía privado está sujeto a estas limitaciones y debe equilibrar la necesidad de proteger los intereses de su empleador con la necesidad de evitar realizar detenciones falsas.